Aunque en momentos específicos cruciales, como cuando se celebró en 1995 el referéndum para la independencia de Quebec, fue objeto de la atención mundial, no ha sido sino hasta la actual época de la presidencia de Donald Trump, cuando el tema de Canadá vuelve a hacerse muy presente en los medios. Ello en virtud de los desencuentros y polémicas derivados tanto de la tensa relación que Trump ha desarrollado con el primer mandatario canadiense, como de la larga renegociación del TLCAN
entre sus tres socios, renegociación que no ha estado exenta de tropiezos y aún enfrenta un importante grado de incertidumbre que hasta el momento nos mantiene a mexicanos, estadunidenses y canadienses en ascuas.
Pero además, Canadá ha experimentado, en las semanas recientes, un incidente político y diplomático que lo ha introducido en un más amplio debate que se desarrolla a nivel global, al haberse atrevido su gobierno a censurar al régimen de Arabia Saudita, tanto por la condena a muerte de una mujer chiita acusada de haber participado en protestas públicas en 2015, como por los recientes arrestos de activistas de derechos humanos que reclamaban en contra de la ley que exige que las mujeres tengan “guardianes” varones en virtud de la necesidad de salvaguardar su honor. Porque, a pesar del tan publicitado permiso para que al fin las mujeres conduzcan automóviles, al parecer, es sólo hasta ahí a donde el príncipe Muhamed bin Salman está dispuesto a llegar con las reformas a favor de los derechos femeninos.
Prueba de ello es el reciente bloqueo, por parte de las autoridades sauditas, de la estación de radio por internet Nasawiya, que transmite desde fuera del país, debido a que conminó a las mujeres a emprender una conversación abierta y crítica acerca del tema de los guardianes.
El hecho es que la condena de Canadá a esas políticas desató una furibunda reacción de los jerarcas sauditas: Se ordenó al embajador canadiense abandonar Arabia en un lapso de 24 horas, se impuso un boicot general contra Canadá y se ordenó a todos los estudiantes sauditas en instituciones de ese país norteamericano, regresar inmediatamente a casa. Todo bajo la acusación de que la crítica canadiense era “una inaceptable interferencia en los asuntos internos del Reino… una afrenta a sus leyes y procesos judiciales y una violación a su soberanía”.
La crítica canadiense y lo acontecido como resultado han mostrado al menos tres cosas: La primera, que la condena fue un garbanzo de a libra al haber sido una voz solitaria que tuvo el atrevimiento —la insensatez, dirían algunos— de cuestionarle algo al rico régimen saudita; la segunda, que la extrema respuesta de Arabia sólo era posible si su interlocutor constituía un relativamente menor socio comercial, incapaz de afectar con su reacción al rico exportador petrolero; y tercero, que en virtud de los fuertes intereses económicos y políticos que existen entre la monarquía saudita y una multiplicidad de actores internacionales, nadie ha salido pública y enfáticamente a defender la postura del gobierno de Trudeau, por las obvias razones que pueden imaginarse.
Algunas de esas evidentes razones son, por ejemplo, el contrato firmado el año pasado por el que Riad le comprará a Estados Unidos 110 mil millones de dólares en equipo militar, varios compromisos similares con países de la Unión Europea y la próxima adquisición a los británicos de 48 jets fighters, una jugosa operación, sin duda.
Con ese tipo de transacciones en juego es difícil imaginar que el gobierno de Trudeau podía haber recibido un respaldo de sus socios occidentales en su actual pleito con el Reino Saudita. En la confrontación entre defensa de los derechos humanos versus intereses económicos, éstos tienen, por lo visto, toda la ventaja. Lo cual es quizá una verdad de Perogrullo, pero que vale la pena ilustrar de vez en cuando con ejemplos concretos.
*Esta columna fue publicada originalmente en Excélsior.com.mx.
