Desde hace ya un par de meses la Sociedad Mexicana de Demografía (Somede), la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos y el Consejo Nacional de Población (Conapo) convocaron a diversos especialistas y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para llevar a cabo la estimación de la dinámica demográfica mexicana ocurrida entre 1990 y 2010, a la luz de los resultados del Censo 2010. Esta estimación, conocida en México como “conciliación demográfica”, se lleva a cabo después de cada censo y conteo de población, y es de suma importancia para la nación por dos motivos: primero, porque con sus resultados se modifican las cifras obtenidas en los censos de población y, en segundo, porque con ellas se establecen las bases para calcular las proyecciones demográficas a nivel nacional y por entidad federativa.
La modificación de las cifras finales de los censos es importante porque se estima la población anual que hubo entre 1990 y 2010, y por ende, se modifican los ponderadores de todas las encuestas nacionales, entre las que se encuentran aquellas que son utilizadas para el análisis y evaluación de los programas dirigidos al abatimiento de la pobreza. Las imprecisiones en este cálculo podrían llevar a desperdiciar los recursos de dichos programas y a una subsecuente injusticia social.
Por otro lado, la proyección poblacional no es más que la construcción coherente de un escenario hipotético de lo que ocurriría con la dinámica demográfica del país si determinadas condiciones sociales, económicas, políticas y demográficas ocurriesen. Estas condiciones son establecidas de acuerdo a cierta evidencia así como al criterio de quien lleva a cabo los cálculos. A pesar de ello, las proyecciones son utilizadas como pronósticos certeros sobre el futuro demográfico del país, y con sus resultados se establecen los criterios clave para la repartición de recursos -presupuestos dirigidos a las entidades federativas para salud, educación, vivienda, empleo, etc.- y sustituyen a las estimaciones demográficas cuando no se dispone de ellas.
Desde hace 20 años, al menos, el Conapo se ha dado a la tarea de conciliar las cifras junto con el Inegi; el primero hace el papel de analista y el segundo de proveedor de información. Si bien la colaboración entre ambas instituciones ha sido cordial, está lejos de tener un espíritu progresista y propositivo. Después de muchos “estira y aflojes” se acuerdan las cifras definitivas y oficiales con que se va a realizar la planificación en el país. Esos “estira y aflojes” no son del todo acuerdos subjetivos: primero, el Conapo realiza un cálculo matemático factible y riguroso sobre la dinámica demográfica que hubo en el periodo de interés, luego presenta las cifras a diversos sectores, entre los que se encuentra el Inegi, con el fin de recibir retroalimentación. En este primer cálculo necesariamente se hace una evaluación de la calidad de la información del último censo levantado, que no está por demás decir, le cuesta muchos millones de pesos a la federación. Si en esta evaluación los resultados no son del todo satisfactorios para el Inegi, entonces se entra en un proceso de reestimación y reevaluación hasta que todos quedan contentos.
Lo anterior hace que algunos sectores no crean en la legitimidad y validez de la conciliación demográfica y mucho menos de las proyecciones de población, que llevan un proceso similar. Usualmente, cuando se habla de las cifras demográficas oficiales, ya sean estimadas para el pasado o proyectadas al futuro, se tiene un cierto escepticismo sobre su validez en cuanto a que reflejen lo más cercanamente posible la realidad demográfica del país; pero se aceptan porque no hay otras. Muchos de los argumentos en contra a las estimaciones y proyecciones se centran en la gran cantidad de supuestos subjetivos y criterios de imputación o ajuste de datos que no son abiertamente documentados.
Esto recuerda en cierta medida al proceso de redistritación electoral mexicano previo al del año 1996, en el que la repartición del electorado quedaba en manos del criterio de un puñado de políticos. En ese año, el Instituto Federal Electoral (IFE) marcó un paradigma en cuanto a la legitimación de este proceso que ante todo hizo transparente. Se desarrolló un ejercicio sólido, objetivo y científico que consideró la opinión y experiencia de muchos sectores de la sociedad y de la academia. El modelo matemático que se utiliza para la redistritación está lejos de ser simple y accesible a cualquiera que sepa sólo sumar, pero fue posible institucionalizarlo y hacerlo entendible y transparente.
En este sentido es importante señalar que hoy en día existen metodologías más adecuadas para la interpolación y extrapolación de la dinámica demográfica, que hacen uso de la capacidad computacional con que contamos. Si bien no son simples o fácilmente manejables sí son robustas y ofrecerían una institucionalización y solidez a los procesos de conciliación y proyección demográfica. Lo anterior implicaría revisar las conciliaciones demográficas al menos cada dos años utilizando la información tanto de las encuestas que capten los niveles y tendencias de la migración y fecundidad, como de las estadísticas vitales. A partir de esta revisión se podrían actualizar las proyecciones. De esta manera, creo que es posible rescatar la experiencia del proceso de redistritación electoral para institucionalizar y robustecer las estimaciones y proyecciones demográficas; sin embargo, para ello hace falta que las instituciones involucradas se encarguen de entretejer puentos de acuerdos con un ánimo de progreso para la población del país. Ojalá que en esta ocasión sea posible dar un paso adelante en ello.
