En su discurso ante el Parlamento para obtener el voto de confianza, el lunes 27 de abril, el nuevo Primer Ministro de Perú, Pedro Cateriano, dedicó gran parte de su tiempo en anunciar medidas para mejorar la seguridad ciudadana y luchar contra la corrupción y el narcotráfico. Es que la inseguridad está considerada hoy como el principal problema que enfrenta la sociedad peruana, según el Barómetro de las Américas 2014. Luego quedan la economía y la corrupción. Y este martes 28 de abril el gran diario limeño El Comercio publica un largo editorial titulado “Chicago grande” poniendo énfasis en la “escalada de violencia criminal” que afecta actualmente al país”. Durante su exposición, Cateriano anunció que presentará un proyecto de ley destinado a otorgar más facultades al Ejecutivo para legislar en el ámbito de la seguridad ciudadana. En 2012, una iniciativa se dedicó a reforzar a la Policía Nacional, no sólo en sus equipos y materiales, sino que también en su organización.
Que la seguridad ciudadana se haya convertido en el tema más relevante en Perú, un país con cifras de delincuencia bajas dentro de América latina (leer informe del PNUD, año 2013-2014 “Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina”), que acumula las buenas cifras económicas y que logró reducir de manera significativa la pobreza, debe llamar nuestra atención. Esta constante prioridad para los gobiernos tiende a demostrar que la inseguridad ciudadana en la región constituye el principal obstáculo en el camino hacia un desarrollo pleno.
La seguridad ciudadana pasa por la lucha contra las mafias internacionales. Esta lucha, que pasa por lidiar con políticas públicas de seguridad eficiente, no logrará resultados mientras no se desmantelen las redes de delincuencia organizada internacional. Con la globalización se han multiplicado los negocios ilícitos que trascienden las fronteras culturales, sociales, lingüísticas y geográficas, y que no conocen fronteras ni reglas. Ellos representan una amenaza mundial pero hacen sentir sus efectos a nivel local: tráfico de drogas (el primer mercado mundial del crimen), trata de personas (en particular los migrantes y las mujeres), la corrupción, el tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico de recursos naturales, venta ilegal de fauna o flora o delincuencia cibernética, son actividades ilícitas que afectan directamente nuestra seguridad.
Hace pocos días, entre el 12 y 19 de abril, tuvo lugar en Doha, Qatar, el 13° Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. Esta actualidad es una buena oportunidad para reflexionar sobre la cooperación regional en América Latina en este ámbito ya que el crimen organizado transnacional (COT) se ha vuelto un tema prioritario en la agenda de las instituciones internacionales. Debilitar a las mafias permitirá reforzar el papel del Estado y desarrollar de manera más efectiva la integración regional.
América latina, lamentablemente, es una región en la cual se han desarrollados mafias de tamaño gigante. Algunas logran competir con los Estados controlando una parte de los territorios de algunos (constituyendo un “proto-estado”) o infiltran el aparato estatal, dejando en evidencia que son Estados fallidos.
Reforzar la cooperación y la integración en la lucha contra el crimen organizado. Esta lucha contra la Criminalidad Organizada internacional requiere reforzar la cooperación transnacional en América Latina, no solamente a nivel de los gobiernos sino que también entre ciudades del subcontinente, de las empresas y de las organizaciones civiles. A nivel intergubernamental, se empiezan a desarrollar iniciativas importantes como AMERIPOL, que se ha convertido en un instrumento efectivo de cooperación de las policías latinoamericanas. También la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, celebrada en junio de 2011.
Frente al fortalecimiento de las mafias en la región, los Estados del continente tienen que seguir multiplicando acciones guiadas por un enfoque de integración que toca a la vez la prevención y la represión. Para América Latina es urgente que los países creen herramientas técnicas y jurídicas para amplificar la cooperación. Una vez más, la Unión Europea lleva su ventaja en este tema y puede aportar con ideas. En este campo, la cooperación internacional, la voluntad política y el desarrollo de la confianza entre los actores estatales y de la sociedad civil, y el mejoramiento de destrezas y capacidades técnicas son los medios que permitirán desarrollar los instrumentos capaces de limitar, contener y luego vencer esta nueva amenaza a la estabilidad democrática, el desarrollo económico y la paz regional.
Si el Primer Ministro de Perú, Pedro Cateriano, quiere luchar contra la inseguridad en su país, debe complementar su acción a nivel regional. Convocar a una Cumbre y proponer la constitución de un Programa de acción plurianual contra el crimen organizado. Su meta sería el acercamiento de las legislaciones penales y civiles de los Estados latinoamericanos, reforzar la cooperación judicial (orden de detención a nivel latinoamericano, interconexión de los antecedentes judiciales, etc.), pero también reforzar las libertades (gestión en común de los flujos migratorios, levantamiento de los controles fronterizos dentro del espacio latinoamericano, armonizar las políticas de asilo). ¿Un sueño? Pregunten a los europeos y estudien el Programa de La Haya o el de Estocolmo.
Una vez más y tal como lo anhelaba Bolívar, “la unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino”. Más pragmático, el fabulista griego Esopo afirma: “la unión hace la fuerza”.
*Esta columna fue publicada originalmente en la revista Panorámica Latinoamericana.
