La capacidad de articular acciones conjuntas de gobiernos, ciudadanos y del sector empresarial en América Latina será clave para enfrentar el shock sin precedentes que azota al mundo en la actualidad. El desafío central de las autoridades económicas está en la adopción de políticas efectivas que eviten el quiebre de las cadenas de pagos de la economía, con un foco central en los segmentos más vulnerables de la población.
Por su parte, el sector empresarial privado tiene que contribuir a la provisión de insumos claves en la atención sanitaria y ser agentes activos de la reactivación económica. Las necesidades de financiamiento serán enormes para cubrir el costo de la atención de la crisis y, especialmente, apoyar la reactivación económica futura. Esto sin duda obligará a que la banca multilateral de desarrollo multiplique sus esfuerzos por maximizar la movilización de recursos financieros hacia la región.
América Latina enfrenta shock sin precedentes
La pandemia del Covid-19 ha gatillado una recesión global que, según la propia Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), será peor que la registrada durante la crisis financiera global del 2008. Las perspectivas globales podrían complicarse incluso más de no contenerse el ritmo de propagación del coronavirus en EE.UU, nuevo epicentro global de la pandemia, o de registrarse una segunda oleada de contagios en China.
Aun cuando América Latina tiene un largo historial de lidiar con shocks externos, no hay ningún antecedente de haber afrontado una crisis de esta magnitud: colapso de la demanda externa, shocks de oferta por las medidas de cuarentena y cierre de fronteras, y consiguientes rupturas en las cadenas de pago que podrían gatillar un significativo estrés financiero.
Esta crisis golpea a la región en una coyuntura de estancamiento que ya lleva cinco años de duración. Estimados del FMI prevén para América Latina una contracción económica de -2% este año.
Factores clave en estas proyecciones serán la amplitud de la recesión global que, a su vez, depende de la efectividad que tengan los enormes paquetes de estímulo económico aprobados en EE.UU y Europa; de la capacidad que las autoridades sanitarias tengan para evitar segundas olas del Covid-19 (en tanto se desarrollen las vacunas necesarias), y del alcance y la efectividad de la respuesta contracíclica implementada por gobiernos y bancos centrales de la región.
La pandemia ocurre en un momento de vulnerabilidad y cambios estructurales
Todo esto ocurre cuando en muchos países latinoamericanos existe un serio descontento social por la persistente desigualdad, las expectativas insatisfechas de grandes segmentos de la población con los servicios que recibe en materia de seguridad, pensiones, salud y educación. Algunas tendencias demográficas y tecnológicas incluso hacen a los países más vulnerables. Por un lado, el envejecimiento de nuestra población presiona más a los sistemas de salud pública. Por el otro, la creciente importancia de las plataformas digitales torna a muchos cuentapropistas y trabajadores independientes más vulnerables al no contar con un adecuado acceso a redes de protección social.
La salida de esta crisis no solo dependerá de la acción del Estado, sino también de los esfuerzos concertados con los trabajadores, empresarios y la ciudadanía en general. Lo más urgente es controlar el ritmo de propagación de la pandemia. A la par, gobiernos, trabajadores y empresarios deberán sumar esfuerzos para que la recuperación económica se dé lo más rápido posible a partir de 2021, pese a todas las complejidades antes descritas. Todo lo anterior requerirá del decidido apoyo de los organismos financieros internacionales. De la acción conjunta de estos actores –gobierno, empresa privada y financiamiento externo oficial- dependerá que la región sea capaz de salir de esta crisis, que aun siendo temporal puede provocar daños duraderos.
Políticas contracíclicas efectivas en realidades diversas
En el ámbito económico, la capacidad que tengan los países de adoptar políticas económicas contracíclicas dependerá de la fortaleza de sus fundamentos macroeconómicos. Se registra, sin embargo, una significativa heterogeneidad entre los países de la región. Por un lado, hay naciones que no tienen la capacidad de adoptar planes de estímulo fiscal, sin endeudarse más, al estar sumergidas en crisis financieras como Argentina o humanitarias como Venezuela. Sin embargo, estas dificultades fiscales se extienden a lo largo de toda la región. Tal es el caso de los países exportadores de petróleo, como México, Colombia y Ecuador, que tienen sus finanzas públicas muy estresadas ante el colapso del precio del petróleo; y de economías como las centroamericanas, que dependen de las remesas; y las caribeñas, cuyo sustento clave es el turismo.
Perú como ejemplo de despliegue de todo el arsenal fiscal
Del otro lado, hay casos de países que tienen sólidos fundamentos macroeconómicos, como Chile y Perú, economías que, hasta el momento, han adoptado políticas económicas más agresivas. Destaca el caso peruano que ha diseñado un programa de estímulo económico que asciende a 12% del PIB, el más grande de su historia. Este programa se acerca a los enormes planes de estímulo fiscal adoptados, por ejemplo, en el Reino Unido y España (14 y 16% del PBI, respectivamente). El aumento en el gasto público, los alivios tributarios y planes futuros de reactivación serían financiados por un mayor endeudamiento externo y por el ahorro público que el gobierno peruano ha logrado acumular tras años de responsabilidad fiscal.
Es así como Perú, conjuntamente con Chile, serán de los pocos países en la región que podrán darse el lujo de financiar un repunte temporal en su déficit fiscal sin comprometer la sostenibilidad de sus finanzas públicas.
Los bancos centrales tienen el desafío de mantener la estabilidad financiera
Por el lado monetario, la mayoría de los bancos centrales de la región está reduciendo las tasas de interés referenciales (llegando incluso a tasas reales negativas) y llevando a cabo agresivas inyecciones de liquidez monetaria para apoyar las necesidades de efectivo de la población y sostener al sistema financiero que, por ahora, se encuentra en una situación de relativa solidez. En el caso del Perú, para evitar la ruptura de la cadena de pagos y evitar quiebras y despidos generalizados, el Banco Central de Reserva ha anunciado un agresivo programa que asciende a 3,5% del PIB, que otorga líneas de liquidez a las entidades financieras con el respaldo de garantías del Estado, con la finalidad de mantener fluyendo el financiamiento crediticio al sector privado, teniendo en mira a 350 mil pequeñas y medianas empresas.
El sector privado es clave en la provisión de necesidades básicas de la población
La efectividad de las medidas adoptadas por el gobierno dependerá en gran medida de las acciones que los agentes económicos privados desplieguen. Para atender la emergencia, sectores clave son la industria alimentaria, las empresas farmacéuticas, las empresas prestatarias de insumos y equipamiento a hospitales y centros de atención médica, las clínicas privadas, los servicios de logística y abastecimiento, las entidades financieras, entre otras. El objetivo central es la provisión inmediata de bienes y servicios que atiendan las necesidades básicas de la población y acompañar los esfuerzos del Estado en la atención de la crisis sanitaria.
Entidades financieras y empresas de servicios públicos deben de poner el hombro
A su vez, para evitar que se rompa la cadena de pagos y dotar de liquidez a empresas y consumidores, es fundamental que bancos, administradores de fondos de pensiones y empresas de servicios públicos, entre otros, muestren la mayor disposición de flexibilizar temporalmente las responsabilidades de sus clientes a través de la reprogramación temporal de sus deudas y contribuciones. Las autoridades regulatorias están trabajando con las empresas de servicios financieros y de servicios públicos, respectivamente, para flexibilizar la mayoría de las obligaciones que enfrentan las personas naturales y las empresas. La sensatez y el equilibrio deben primar para poder superar con éxito esta dura prueba, sin minar la solidez financiera de estas entidades y sin desnaturalizar los servicios que prestan. Afortunadamente esto viene ocurriendo en la mayoría de los países latinoamericanos y contribuirá a capear el temporal.
El reto es movilizar el financiamiento externo
El ahorro doméstico será insuficiente para suplir las enormes necesidades de financiamiento que presentarán tanto el sector público como el privado. Se requiere movilizar más inversiones, ya que los recursos necesarios para superar esta situación sobrepasarán los actuales flujos financieros para el desarrollo. En este marco, el financiamiento de la banca multilateral de desarrollo se encuentra estratégicamente bien posicionado para aumentar la movilización de recursos en la región.
Según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo, cada dólar que los bancos multilaterales de desarrollo invierten directamente en operaciones del sector privado moviliza entre US$2 y US$5 en inversiones privadas adicionales. La coyuntura actual exigirá un enorme esfuerzo para captar recursos financieros, para apoyar el esfuerzo contracíclico en curso. Clave en este esfuerzo será la capacidad que tengan los organismos financieros multilaterales de obtener fondos de terceros, especialmente proveniente de fuentes como el ahorro institucional.
En suma, América Latina se encuentra nuevamente en una encrucijada. La acción conjunta de la ciudadanía, los sectores públicos y privados, apoyados por el financiamiento privado que logre movilizar la banca multilateral de desarrollo, coadyuvará al éxito que los países logren para superar esta dura prueba y reactiven sus economías lo más rápido posible. Así se recuperarán los logros en materia social de años pasados.