Mucho se ha escrito sobre las implicancias tributarias de las plataformas off-shore; mucho se ha escrito también sobre los paraísos fiscales y de las implicancias tributarias para quienes no pagan sus impuestos en la fuente generadora de la renta, antes de que sus excedentes sean desviados hacia esos países más generosos en lo fiscal. Este escándalo nos invita a reflexionar más allá de las estrategias tributarias. Nos invita a descifrar sobre cuáles son algunas de las motivaciones subyacentes que mueven a las personas y a las corporaciones a mantener ese secretismo sobre el origen y la naturaleza de sus riquezas y las dantescas "planificaciones tributarias".

A este respecto afloran preguntan casi de sentido común, que más bien nos invitan a recordar esa vieja regla de un auditor interno: "quien fija los controles es el primero en vulnerarlos". Lo que deja entrever esa frase no es sino la poca consecuencia entre un individuo y sus actos. El caso "Panama Papers" (o más correctamente, el caso the Mossack Fonseca papers), sustentado en sus 2.600 gigabytes de información, revela la poca coherencia entre el discurso altruista de los "delatados" y su irreprochable conducta -más bien su conducta defraudadora- para con la comunidad internacional. A diferencia del caso "ICIJ Offshore Leaks Database" (2013), el presente caso es más delicado, porque se constata que los tradicionales esquemas de evasión tributaria no eran el foco de atención, sino la agresiva proliferación de unas 214.000 empresas de papel (i.e., empresas sólo en su apariencia) para disfrazar, desvirtuar, u ocultar el origen de millones de dólares que altos oficiales (PEP, "Personas Expuestas Políticamente") y ejecutivos world-class recibieron bajo "dudosas circunstancias” y de unas "dudosas fuentes"; peor aún, el caso expone a un sinnúmero de funcionarios públicos con un aumento patrimonial injustificado. Toda esta situación no hace sino instalar la hipótesis de que esas empresas fantasmas han sido sólo un vehículo perfecto para blanquear millones de dólares sin una justificación razonable y racional. 

En la historia moderna financiera hay unos importantes casos documentados en que las empresas de papel (o empresas fantasmas) han sido la antesala para lo que sería una debacle financiera. Enron, por ejemplo (EE.UU., octubre de 2001), fue uno de esos casos, que inspiró la producción de un millar de artículos científicos y decenas de libros escritos al respecto. Ante esta realidad -una realidad que demuestra la hipocresía de muchos de nuestros líderes- conviene detenerse en dos puntos centrales. El primero dice relación con la falacia de que el aumento de impuestos viene como consecuencia en la promoción de la Responsabilidad Social Corporativa, sin desmerecer el impacto y beneficios en otras áreas sociales del ser. El segundo aspecto tiene que ver con las elementos que explican la conducta defraudadora de aquellos que, escudándose en su poder político y económico, justifican su irreprochable conducta al constatar que el "Estado Protector" no estaraá a la altura como para satisfacer sus necesidades al estilo de "ricos y famosos".

Sobre el primer punto es conveniente destacar el calculado "aporte" que hacen las grandes empresas por la vía del "correcto" cumplimiento de sus obligaciones impositivas (i.e., el pago de los impuestos), y el "retorno equitativo" que hacen a la comunidad mediante su involucramiento con el medio, que en la práctica no es más que una estrategia muy bien pensada y que comercialmente les ha dado muy buenos dividendos a esas grandes corporaciones; sin olvidar claro que las organizaciones las conforman y lideran personas (i.e., ejecutivos), además de su interacción con dicho medio (los otros stakeholders). Este escenario se repite como un patrón-ley a lo largo de los continentes y Latinoamérica no es la excepción. Si uno revisa algunas estadísticas y publicaciones especializadas sobre esta materia (empresa-impuestos-responsabilidad social empresarial), se destaca que los países en desarrollo reciben alrededor de unos US$150 millones en ayuda social-humanitaria de los países que conforman el G-20 (países más industrializados); también se estima que esos mismos países (en desarrollo) pierden anualmente entre US$800 billones a US$1 trillón por flujos de dineros ilícitos (los llamados movimientos IFFs), dineros que van a parar en su mayoría a países de Occidente. A su vez, esos mismos estudios revelan que alrededor de US$500 billones se pierden por la vía del uso de estratagemas para evadir impuestos, de los cuales alrededor de unos US$360 billones se explican por el uso de los llamados "Precios de Transferencias". 

Lo anterior sólo demuestra una cosa: la incesante "maquinaria pensante" existente al interior de las empresas para lograr mecanismos evasivos a gran escala, dejando entrever una especie de "hipocresía consensuada" que queda de manifiesto al contrastar el discurso corporativo de la sustentabilidad (la responsabilidad social corporativa) y la maximización de los beneficios por la vía de privar a otros de su bienestar social (usando esquemas evasivo-impositivos). Es aquí donde aflora el doble estándar de quienes deben salir a aquietar las aguas, diciendo una cosa y haciendo otra; incluso, en ambos sentidos, empresa-ejecutivos (donde la racionalización, que ya veremos, emerge). En consecuencia, dos culturas organizativas conviven: la formal y la informal. La organización formal, que tiene que ver con el compliance y como la empresa y sus ejecutivos "cumplen" con el statu quo reinante. Por su parte, la organización informal se refiere a cómo mantener "diferentes ideologías" para uso interno y externo. Con todo, las empresas y sus ejecutivos destacan su responsabilidad social para con el medio, pero a costa del diseño de esquemas evasivos que les impidan pagar o diferir sus impuestos. Estos dos mundos son la realidad viviente de muchas empresas en el siglo presente.

En un nivel más micro, en cuanto al segundo punto, y como alguna vez señalara en uno de mis artículos pasados, existen numerosos estudios empíricos donde se destacan los tres elementos para que un fraude corporativo se configure. Estos elementos se conjugan de manera armónica y confirman la conducta defraudadora de quienes lideran la organizaciones. En honor a la simplicidad, estos tres elementos pueden ser entendidos para el caso "Panama Papers" como sigue: la "oportunidad", entendida como el conjunto de circunstancias fácticas que permiten vulnerar el sistema (la existencia de paraísos fiscales o territorios off-shore con una tributación más generosa); seguido por la "racionalización", que se refiere a la justificación que esgrime el defraudador para cometer esos actos sustentado en que las operaciones son "legítimas y reales" (empresas de papel simplemente porque se es el titular de los derechos societarios, o incluso aduciendo que fueron ingresos que previamente pagaron impuestos en el país del residente, pero olvidando explicar qué origina toda esta alambicada estructura, que por cierto inicialmente se niega férreamente); y por último, la "motivación", entendida como el vehículo conductor usado para materializar tales actos (el ocultamiento de altas sumas de dinero, que no es más que un instrumento legal para el lavado de dinero). 

Quienes estamos vinculados e involucrados en la investigación criminal observamos sin asombro alguno -silencioso y reservado- que más altos oficiales y ejecutivos de empresas están, directa o indirectamente, expuestos cada día al escrutinio acérrimo de la opinión publica. Los millones de sacrificados y honestos votantes-contribuyentes estallan en cólera al ver que sus "referentes" estén vinculados a investigaciones por delitos económicos, en sus distintas manifestaciones, tales como las investigaciones asociadas el tráfico de influencias, lavado de dinero, cohecho, asociación ilícita, negociación incompatible o enriquecimiento ilícito, sólo por nombrar algunas. Con todo, no es casualidad que los perfiles de esos personeros tengan un común denominador. A saber: cuentan con un alto nivel educacional, apegados a una religión, con una conducta intachable anterior, menos propensos a problemas de drogas y alcohol (al menos en apariencia), fisiológicamente saludables, motivados, con una alta autoestima y con una alta armonía familiar, respecto a otros perfiles de criminales.

El caso "Panama Papers" sólo deja en evidencia que existe un grupo selecto de personas que se engañan a sí mismos al creer que su posición excepcional les da el derecho de usar y abusar del sistema sin ponderar el daño y las consecuencias que sus "inofensivos actos" y decisiones causan a la sociedad.  Sus irreprochables conductas son, ni más ni menos, propias de un delincuente de la más alta estofa y pureza. Una posición, el linaje, un posgrado no es excusa para justificar una conducta que a todas luces es defraudadora; primero, de carácter material (el instrumento usado), y segundo, de carácter ético (justificando lo injustificable).

Por otro lado, nos llenamos de publicidad sobre el desarrollo sustentable que muchas compañías destacan y su vanagloriante vínculo con la comunidad, pero al mismo tiempo, a esa misma comunidad le restan recursos por la vía de sofisticados esquemas para eludir el pago de los impuestos y recompensas irracionales para esos devotos ejecutivos. Este tipo de conductas invitan a ir más allá del "estoy actuando dentro de los márgenes de la ley". La conducta ética esta trastocada por la avaricia y codicia de unos pocos, quienes siempre tendrán una respuesta para justificar lo injustificable.