La adopción del Acuerdo General de Aranceles y Comercio en 1947, conocido como GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), del que Chile es signatario, significó un punto de partida fundamental para potenciar el crecimiento global y el desarrollo, a través del comercio internacional. Los intercambios desde entonces han crecido 37 veces desde entonces y la participación de los países en desarrollo se ha duplicado. El GATT promueve la reducción de aranceles, la eliminación del proteccionismo y la discriminación, basado en principios y reglas comunes. Además de esto, tal vez lo más importante, que se mantiene hasta hoy, pero que está en riesgo evidente, es que las relaciones comerciales entre los países deben ajustarse al principio de la “nación más favorecida”, lo que significa que las concesiones hechas por un país a otro u otros, se deben extender a todos los demás miembros del sistema.

En 1994, luego del proceso de negociaciones que duró ocho años, llamado “Ronda Uruguay”, la octava desde la creación del GATT, se procedió a una revisión parcial del Acuerdo, manteniendo sus principios, e incorporando por primera vez la agricultura y los servicios, y se creó la Organización Mundial de Comercio (OMC) con 123 países signatarios. La OMC quedó así constituida en el principal foro multilateral de comercio, hoy integrada por 163 miembros, encargada de administrar los acuerdos comerciales, ser el foro para las negociaciones multilaterales, supervisar el cumplimiento de las políticas comerciales, y mantener un sistema de solución de disputas comerciales entre sus miembros.

La actitud adoptada por los Estados Unidos en la administración Trump no favorece precisamente la vigencia de los principios del GATT y las funciones de la OMC. Al cuestionar el sistema multilateral de comercio, y por ende a la OMC, y las recientes medidas unilaterales sobre el acero y el aluminio, subiendo los aranceles y discriminando entre países, iniciando una guerra comercial no declarada con China, se pone en riesgo una construcción global prolijamente diseñada y trabajada por la comunidad internacional, como una forma de avanzar hacia un desarrollo equilibrado con base en la apertura de los mercados y el beneficio especial a las naciones menos adelantadas.

Dos son las cuestiones centrales que están en juego, que son las piedras angulares de todo lo demás: una, es lo que se conoce como “trato especial y diferenciado”, un mecanismo por el cual se favorece a las naciones más atrasadas en la aplicación de aranceles y otras medidas para favorecer su crecimiento. La otra, es el “sistema de solución de disputas”, un mecanismo imparcial y accesible a todos por igual, que dirime las diferencias cuando un miembro de la OMC se ve afectado por medidas de otro.

Ambas son cuestionadas actualmente por Estados Unidos, alegando que el trato especial y diferenciado debe ser revisado, y en particular, ha conseguido devaluar el sistema de solución de disputas de la OMC al bloquear la designación de los miembros del Órgano de Apelación, que de siete integrantes ha quedado con solamente cuatro, por lo tanto, al borde de la inoperancia.

Las razones esgrimidas por la administración Trump tienen que ver con una supuesta discriminación que sufrirían los Estados Unidos en sus relaciones comerciales debido a las reglas de la OMC, afectando a las empresas de su país y al empleo, especialmente respecto de China pero también de México y otros países; y a que las disputas comerciales no son resueltas en su favor (aunque la estadística demuestra que no es así).

No obstante, más allá de si a la actual administración de Estados Unidos le asiste o no razón en su planteamiento, desconociendo asimismo acuerdos como los de Doha, hay un problema serio que la comunidad internacional debe abordar. Esto fue evidente en la reciente XI Conferencia Ministerial de la OMC realizada en Buenos Aires. No es posible quedarse en la inacción solamente reclamando por esta postura, que con razón o sin ella, se traduce en medidas que pueden escalar al punto de dinamitar el sistema multilateral de comercio basado en reglas, y condenar la OMC a la irrelevancia. Nada que signifique poner fin al entendimiento mutuo conseguido en la perspectiva del bien común global puede ser bueno para la humanidad. Los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, por ejemplo, no podrán cumplirse sin una apertura comercial creciente y para todos.

¿Qué hacer entonces? Por mi experiencia en el sistema -y además siguiendo la más elemental lógica política- creo que la única forma sería aceptar la realidad, sentarnos a la mesa y acordar el inicio de una nueva Ronda de Negociaciones Multilaterales que ponga al día el sistema y a la OMC, según los parámetros de la nueva economía y los desafíos del siglo XXI. En 2019 se debe celebrar la XII Conferencia Ministerial de la OMC, y debería ser la ocasión para lanzar esta nueva Ronda. Tenemos apenas un año para prepararnos.