El principal vínculo teórico entre educación y el comportamiento criminal es bastante directo: la educación aumenta las oportunidades de acceder a trabajos legales e incrementa sus salarios, lo cual reduce el atractivo financiero de las actividades delictivas (para más detalles, ver este post y este otro post previo sobre la teoría económica del crimen).

Existen otros vínculos entre la educación y la disminución de la criminalidad. El costo de oportunidad (definido en economía como lo que se deja de ganar por la elección que se ha decidido), es también mayor para aquellas personas que tienen el potencial de ganar altos salarios en actividades legítimas, pues estar en prisión implica tiempo fuera del mercado laboral. Por otra parte, la condena en sí misma ejerce un estigma social que actúa como un disuasivo adicional, el cual es probablemente más fuerte cuanto mayor educación tenga el individuo.

Por otro lado, la escolarización puede afectar el comportamiento de las personas, por ejemplo haciéndolas más pacientes o aumentando su aversión al riesgo.

¿Qué nos dice la evidencia? Si bien desde el punto de vista teórico podemos identificar varios canales a través de los cuales la educación afecta al crimen, abordar empíricamente esta relación resulta más difícil. La causalidad que usualmente se predice va desde la educación al comportamiento criminal, es decir, una persona con poca educación es más propensa a cometer delitos en comparación con una persona con mayor educación. Sin embargo, también la causalidad puede interpretarse al revés: una persona más propensa a cometer delitos es menos probable que permanezca en la escuela en comparación con una persona que no es propensa a cometerlos.

Hay algunos estudios que utilizan técnicas econométricas para asegurar que la causalidad viene de educación a crimen, como en el primer caso. Estos estudios buscan cambios en educación que no son producidos por cambios en crimen. Por ejemplo Lochner y Moretti, (2004) utiliza los cambios en las leyes de asistencia escolar obligatoria por estado en el tiempo en EE.UU. (cambios que se cree no fueron producidos por aumentos en el crimen) y encuentra que la mayor educación reduce la tasa de criminalidad: un año extra de asistencia a la escuela secundaria reduce significativamente la probabilidad de arresto y encarcelamiento. Además, un incremento de 1 por ciento en la tasa de graduación de la escuela secundaria en los hombres conduce a un ahorro de US$1.400 millones por año por gastos no incurridos relacionados a los costos sociales de la delincuencia.

Resultados similares se obtuvieron estudiando cambios en las leyes de asistencia obligatoria a la escuela en el Reino Unido (Machin, Marie y Vujic, 2012). Sin embargo, no solo parece relevante el mayor nivel de educación, sino también la calidad de educación que se recibe. Deming (2011) estima el impacto de ir a diferentes tipos de escuela (asignadas por una loteria) en el crimen en el distrito escolar de Charlotte-Mecklenburg (EE.UU.). Siete años después del sorteo, los beneficiados asignados a las mejores escuelas fueron arrestados en menor frecuencia y por menos días. El efecto es mayor en los jóvenes de mayor riesgo, que cometieron 50% menos crímenes en comparación con aquellos no beneficiados por la lotería.

La escuela también puede producir un efecto de incapacitación. Es decir, al mantener a la juventud fuera de la calle y ocupada durante el día, la asistencia escolar puede tener efectos sobre la participación criminal. Jacob y Lefgren (2003) encuentran evidencia en este sentido para crímenes contra la propiedad comparando días de asistencia escolar con la tasa de criminalidad cuando la escuela no abre sus puertas (por capacitación de maestros, vacaciones o feriados).

¿Cuál es la situacion en América Latina y el Caribe? La evidencia disponible del vínculo causal entre educación y crimen provienen del mundo desarrollado. No tenemos conocimiento de estudios de este tipo en la región, aunque las recomendaciones de política parecen propicias para nuestro caso también. Cualquiera sea el mecanismo subyacente, una mayor escolaridad reduce significativamente la participación delictiva.

En la región, una forma de estudiar el vínculo entre bajo nivel educativo y crimen es mediante la caracterización de los victimarios en las prisiones o los centros socioeducativos (en el caso de menores de edad). Por ejemplo, del total de jóvenes infractores en centros socioeducativos de Espíritu Santo (Brasil) en 2013, el 82% no había terminado el ciclo básico (IASES 2013). En Jamaica, una encuesta penitenciara de 2012 (Jamaica Constabulary Force, 2012) revela que el 62% indicaba educación secundaria incompleta como su nivel educativo, sin embargo, 75% provenía de escuelas no-tradicionales (de baja calidad educativa), y 38% fue arrestado por primera vez antes de los 19 años. En Uruguay, el 60% de los privados de libertad según el Censo Penitenciario de 2010 no había llegado a completar el primer ciclo de la escuela secundaria.

Por ello varios países de la región, bajo la premisa de que mejorar la educación o el tiempo de permanencia en la escuela, reduciría el crimen, están tomando medidas dirigidas a niños y jóvenes en edad escolar. Por ejemplo, en Jamaica se reforzaran 56 escuelas y como parte de su programa de Seguridad Ciudadana, también se realizaran actividades para mejorar el comportamiento de los niños y su retención en el sistema escolar. En Brasil, el gobierno de Espíritu Santo lanzó en 2011 el Plan “Estado Presente” que constituye un esfuerzo de inversión pública en la construcción de nuevas escuelas, modernizando la currícula para retener a los jóvenes en la escuela y ofreciendo actividades extracurriculares. El BID (parte del Plan), implementará 15 Centros de Ciudadanía con servicios de educación remedial y recreación en las comunidades con mayor incidencia del delito. En varios Estados de Brasil se están desarrollando estrategias similares. En Costa Rica, también con apoyo del BID, se construirán Centros Cívicos para niños y jóvenes en donde tendrán actividades recreativas y educativas como parte de su curricula.

El caso de El Salvador es muy interesante, ya que es uno de los países con mayores tasas de homicidios (43 homicidios por 100.000 habitantes -una tasa mayor a 10 se considera una epidemia por la Organización Mundial de la Salud), a la vez que se observa una alta participación de jóvenes en maras o pandillas. Como la participación en estos grupos y en actividades delictivas comienza a una edad temprana, el rol de la escuela es fundamental. El gobierno está implementando la iniciativa “Parques de Convivencia e Inserción Laboral y Económica”, con un modelo de atención a niños y jóvenes en situación de riesgo. En Ciudad Delgado, una de las comunas más violentas, el BID ha apoyado la implementación de uno de estos Parques, en el que se promueven actividades para el uso positivo del tiempo libre y talleres de prevención de la violencia. Si bien estas actividades son para la comunidad, se desarrollan en la escuela que es el único anclaje institucional con espacio propicio para este proyecto. Esta es la primera experiencia de este tipo en una zona tan conflictiva. Pronto tendremos resultados de esta prueba piloto para compartirles.

La plataforma de Seguridad Ciudadana del BID tiene como uno de sus ejes de actuación la prevención social de la violencia especialmente enfocada en jóvenes y mujeres. En este sentido el BID está apoyando las iniciativas antes mencionadas y muchas otras que implican el fortalecimiento de la educación bajo la premisa analizada en este post: más y mejor educación pueden contribuir a reducir el crimen en la región.

*Esta columna fue publicada originalmente en el blog Sin Miedos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).