Desalación, reúso de aguas, recarga artificial de acuíferos y una serie de leyes que se tramitan en el Congreso son apenas la punta del iceberg para que esta nación sudamericana acceda a nuevas fuentes de agua dulce. Deberán convencer a la ciudadanía de que el recurso hídrico se ha vuelto más escaso y, por ende, más difícil de proporcionar. ¿Estará dispuesta la población a pagar por las inversiones y tecnologías que le darán seguridad hídrica?  

“Hay un mundo mejor, pero es muy caro”. La frase jocosa de hace 30 años del grupo humorístico argentino Les Luthiers podría cobrar muy pronto visos de amarga realidad en Chile.

El país sudamericano lleva unos 15 años bajo la sombra de la escasez hídrica, a pesar de ser una de las naciones con mayores reservas de agua dulce –los glaciares– en el planeta. Y es que, para una sociedad, no solo se trata de dónde está el agua, sino de cómo se obtiene y conduce hacia quienes la necesitan, lo que hace toda la diferencia.

Hace pocos años, esta nación reformó nuevamente su Código de Aguas para incorporar una prelación en el otorgamiento de concesiones de agua a las empresas, denominadas derechos de aprovechamiento de aguas, que desde 1981 se otorgan gratuitamente y a perpetuidad. 

Pero el efecto del cambio climático y la proyección de una demanda creciente para distintos tipos de industrias -especialmente de agricultura, que demanda entre el 70% y el 80% del agua fresca disponible- está presionando cada vez más las fuentes naturales de agua, agudizando un conflicto que se inició en los años noventa y que hoy, con la ocurrencia de fenómenos extremos como sequías e inundaciones, está encima de la mayoría de las cuencas, enfrentando a las industrias con el consumo humano y con la preservación ambiental de los ecosistemas.

Esto ha redundado en que, por ejemplo, a pesar de tener 100% de cobertura de agua potable y 99% de tratamiento de aguas residuales en sus ciudades, hoy, 1,5 millones de personas en el país no tienen acceso a agua dulce debido a las permanentes sequías y falta de infraestructura hídrica.

A causa de ello, el Fisco debe gastar en camiones aljibe, que llevan el agua un par de veces por semana a las poblaciones rurales a un costo nada despreciable: hasta el año 2020, el Ministerio del Interior reportaba que cinco regiones del país -Biobío, La Araucanía, Coquimbo, Valparaíso y El Maule- concentraban 83% del gasto total en arriendo de camiones de aljibe, que sumaba $222.000 millones (casi US$ 240 millones) en una década.

TRES NUEVAS FUENTES

En un país donde el agua se ha convertido en un recurso cada vez más escaso, Chile se enfrenta a un panorama hídrico complejo y lleno de desafíos. 

"El panorama [hídrico de Chile es] un poco complejo de analizar, porque finalmente hay mucha diferencia en las distintas regiones las características que tiene cada una (...) y nos enfrentamos a un escenario de incertidumbre donde no sabemos mucho que es lo que va a pasar hacia adelante hay pronósticos, se habla que la sequía se va a mantener pero este incertidumbre genera muchos desafíos para la infraestructura como planificamos sin saber muy bien que es lo que viene por delante y también pensar un poco en los modelos de desarrollo que es lo que nosotros queremos generar como país", indica a AméricaEconomía Gonzalo Pérez, Gerente del Área Estudios del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), una entidad privada que se enfoca en realizar propuestas de políticas públicas de largo plazo en infraestructura.

Con eso en mente, el CPI publicó su cuaderno “Infraestructura para enfrentar la sequía, nuevas fuentes”, elaborado por el comité de recursos hídricos de la institución, identificando tres nuevas fuentes de agua: desalación, reúso e infiltración. De acuerdo con sus autores, el documento comunica de manera realista las posibilidades y limitaciones de estas nuevas fuentes de agua.

"Entonces lo que se buscaba con este documento es poder transmitir lo que realmente son estas nuevas fuentes y los alcances de las soluciones que pueden abordar", explica Pérez.

Estas soluciones se plantean como complementos a las existentes -extracción desde fuentes superficiales, subterráneas y embalses de acopio- no como reemplazos. 

La iniciativa del CPI subraya la importancia de la planificación a largo plazo en infraestructura, especialmente en un contexto donde los ciudadanos tienden a dar por sentados los servicios básicos hasta que fallan. "Y si uno no se anticipa en el minuto de que falla, si tú no estás desarrollando nuevos proyectos, ya es tarde", advierte el ejecutivo.

“Las nuevas fuentes que permitan dar seguridad hídrica resultan un elemento fundamental para garantizar el abastecimiento ante distintas condiciones climáticas”, agrega Pérez.

AVANCES EN DESALACIÓN

Fue en los años noventa que la ciudad de Antofagasta inició a usar agua desalada a partir de agua continental salobre y, desde entonces ya hay 22 desaladoras funcionando en el país, capaces de procesar conjuntamente 8.200 litros por segundo, tanto para agua potable como para agua que se usa en minería. Existen otras seis plantas desaladoras en construcción y una docena en evaluación preliminar, de acuerdo con datos de CPI e InvestChile.

Aun así, los temores a efectos ambientales adversos de la salmuera resultante del proceso que triplica los niveles normales de sal en el agua de mar, además del alto costo por el uso intensivo de energía despiertan inquietudes en algunos sectores.

Desde la otra vereda, si bien la opinión de la ciudadanía en zonas de escasez hídrica es relativamente favorable a la desalación, el sector carece de regulaciones.

Respecto de eso, este mes el país ha logrado avances significativos. La Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía de la Cámara Alta ha concluido a mediados de septiembre la votación en particular del proyecto sobre el uso de agua de mar para la desalinización. 

"Estamos contentos porque la comisión logró despachar el proyecto de desalinización pasando a la comisión de Hacienda y al Senado. Una noticia muy importante, porque en Chile no existía un ordenamiento jurídico que regulara los procesos de desalinización en el marco de la crisis hídrica", dijo el 12 de septiembre la senadora Yasna Provoste, presidenta de la comisión, al celebrar el hito.

El proyecto de ley establece un marco jurídico que define el agua salada como bien nacional de uso público y propone una estrategia nacional de desalinización. Además, otorga un papel importante a la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios CHILE S.A. (ECONSSA) -una sociedad anónima propiedad del Estado de Chile, cuyo objetivo es controlar y administrar los contratos de transferencia del derecho de explotación de las concesiones sanitarias en 9 regiones del país- y al Ministerio de Defensa, en la regulación y autorización de concesiones.

Mientras que, en términos de proyectos concretos, se avanza en el diseño de una planta desaladora para las comunas de La Serena y Coquimbo en la zona centro norte del país, que se encuentra en las etapas finales antes de ingresar a evaluación ambiental. Con un costo estimado de US$ 350 millones, el proyecto beneficiará a unos 460.000 habitantes, con una capacidad de producción de 1.200 litros por segundo. 

Se espera que la licitación se realice en el cuarto trimestre de 2024, con una adjudicación programada para el segundo semestre de 2025.

LOS PROYECTOS HÍDRICOS DE BORIC

El gobierno de Gabriel Boric ha intensificado los esfuerzos para abordar la crisis hídrica. La Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas trabaja en cuatro proyectos de ley cruciales: el uso de agua de mar para desalinización, la regulación y fomento de sistemas de tratamiento y reutilización de aguas residuales, normas de eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático, y nuevas modificaciones al Código de Aguas para mejorar la fiscalización, ya que hoy los temas de robo de aguas, uso sin permisos y uso por sobre las cantidades originalmente otorgadas son un problema creciente, especialmente entre regantes.

Además, se está desarrollando un Plan de Adaptación al Cambio Climático en Recursos Hídricos, en colaboración con la FAO y con financiamiento del Fondo Verde del Clima. “Este plan, busca mejorar la seguridad hídrica, preservar los cuerpos de agua y promover el aprovechamiento sustentable del recurso”, explica la DGA a AméricaEconomía.

Un cambio significativo en la gestión del agua es adoptar un enfoque en la gobernanza por cuenca. Ya se han conformado siete Mesas Estratégicas de Recursos Hídricos en diversas cuencas del país, con posibilidades de establecer cuatro más en el segundo semestre de 2024. Estas mesas reúnen a representantes de servicios públicos y actores locales para identificar problemáticas y determinar soluciones prioritarias.

En tanto que el Código de Aguas ahora exige que cada cuenca –en Chile son 102 cuencas hidrográficas principales- cuente con un Plan Estratégico de Recursos Hídricos, actualizado cada diez años o menos, que incluya modelación hidrológica, balance hídrico y planes de recuperación de acuíferos, entre otros aspectos. 

Ya se han adjudicado nueve estudios para la elaboración de estos planes en diversas cuencas del país.

“En un contexto de sequía prolongada y eventos climáticos extremos, estas iniciativas representan un cambio de paradigma en la gestión del agua en Chile. El desafío ahora radica en la implementación efectiva de estas estrategias y en la capacidad de adaptación frente a un futuro hídrico incierto”, concluye la DGA.