El trabajo en la mina Escobal -donde Tahoe Resources ha invertido más de US$500 millones- fue suspendido abruptamente en 2017 por jueces en espera de la consulta de las comunidades indígenas. La disputa ilustra los escollos que las empresas pueden enfrentar en Perú, México o Chile.
Casillas. El drama que embarga a una mina de plata de Guatemala, obligada a cerrar por los tribunales, ha impactado a los mineros en toda Latinoamérica y está representando una advertencia para que las empresas aborden los problemas indígenas con más cautela o paguen las consecuencias.
El trabajo en la mina Escobal -donde la estadounidense Tahoe Resources ha invertido más de US$500 millones- fue suspendido abruptamente en 2017 por jueces en espera de la consulta de las comunidades indígenas cercanas, una decisión confirmada por el máximo tribunal de Guatemala en septiembre.
Los líderes Xinca, una comunidad principalmente agrícola que dice tener unas 400.000 personas, se oponen a la mina ante preocupaciones de que dañará sus recursos ancestrales de tierra y agua.
El tribunal ordenó al ministerio de Energía y Minas que empiece "inmediatamente" las consultas, aunque el proceso ya está atascado en un litigio para definir cuáles comunidades deben participar.
La disputa ilustra los escollos que las empresas pueden enfrentar con rivales cada vez más sofisticados, a menudo una combinación de activistas ambientales y comunidades locales, según ejecutivos de la compañía y analistas del sector.
"Recuerda que una inversión minera segura requiere lograr primero una licencia social", dijo Luis Rivera, un ejecutivo de la minera sudafricana Gold Fields en Lima.
El Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, con sede en Santiago, estima que hay 256 disputas activas en 20 países, con el número más alto en México, Chile y Perú.
"En todas partes del mundo, los pueblos indígenas tienen mucha influencia sobre los políticos y cuando uno se enfrenta a algunos de estos grupos (...) casi no puede ganar", dijo un ejecutivo de una empresa minera con sede en Canadá y con proyectos en todo el continente americano hablando en condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto.
El ejecutivo tiene décadas de experiencia en negociaciones sobre consultas indígenas requeridas por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que fue invocado en la decisión de la corte de Guatemala.
El convenio 169 requiere que las empresas entren en un diálogo con las comunidades indígenas afectadas en las primeras fases de los proyectos, algo que no ocurrió antes de la construcción de Escobal, hogar del segundo depósito de plata más grande del mundo.
En el vecino México, alrededor de 10 proyectos de minería y energía sufrieron retrasos importantes solo este año debido a problemas con las consultas indígenas, dijo Gabino Fraga, un consultor que ayudó a empresas como la minera Peñoles y la petrolera estatal Pemex a realizar consultas.
Fraga dijo que es probable que haya más choques en la región si los gobiernos y las empresas no gastan más tiempo y recursos en las consultas, un problema que ya están enfrentando las empresas de energía limpia en México.
Amenaza a punta de machete. Desde 2013, cuando obtuvo su licencia de extracción, Escobal produjo unos 20 millones de onzas de plata anuales hasta 2017, pero la decisión de la corte de ponerse del lado de los ambientalistas y enemigos de Xinca significó la primera vez que los jueces guatemaltecos detuvieron una mina operativa debido a las consultas indígenas.
Las acciones de Tahoe Resources han caído en más de la mitad desde el año pasado, y las pérdidas han aumentado desde el fallo de septiembre.
En un nuevo giro, la minera canadiense Pan American Silver Corp ofreció comprar Tahoe el mes pasado, incluido un pago condicional por el reinicio del envío de concentrado de plata de Escobal. Pero podría ser una apuesta arriesgada.
Gabriela Roca, ejecutiva y abogada de la unidad local de Tahoe Resources, Minera San Rafael, sugirió que las consultas ordenadas por el tribunal podrían tomar tan solo unos meses si todas las partes actúan de "buena fe". Si no, podrían prolongarse hasta cinco años.
"La consulta no es un voto, no es veto, no es un plebiscito. Es un dialogo", dijo.
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)publicado en 2017 sostuvo que la falta de consultas adecuadas causó la gran mayoría de los 200 conflictos en proyectos extractivos en América Latina y el Caribe.
Además concluyó que en casi nueve de cada 10 casos los conflictos que involucraban a las comunidades indígenas empeoraron cuando no se consultó a los grupos potencialmente afectados.
Lejos de aliviar las tensiones, el fallo judicial parece haber galvanizado a los opositores de Escobal.
Al lado de la propiedad de la mina en la ciudad de Casillas, los camiones que se aproximan son inspeccionados por locales que buscan hacer cumplir la suspensión en lo que denominan un "campo de resistencia".
Unas pocas decenas de jóvenes se sentaron a mirar, varios de los cuales portaban machetes, mientras que un par de otros sostuvieron lo que parecían ser tubos listos para ser utilizados para disparar proyectiles.
Minera San Rafael y sus trabajadores también han sido acusados de mano dura por parte de los críticos, incluidas denuncias de secuestro e intimidación violenta. La empresa rechaza las acusaciones.
Mientras el ministerio de Energía y Minas de Guatemala se prepara para iniciar las consultas el próximo año, el liderazgo Xinca se muestra firme en que no participará en ningún diálogo futuro sobre la mina, dijo el presidente de su parlamento, Aleisar Arana, en una entrevista reciente.
Arana, aclamando el fallo de la corte como una nueva "independencia", espera inspirar a otros grupos indígenas a unirse a la lucha contra proyectos como la mina Escobal.
"La mina ha alterado nuestras formas de vida. Es algo que nosotros lo vemos como una amenaza y una invasión", dijo.
