La compañia ha recurrido la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para pedir que vuelva a convocarse la licitación, ya que su oferta era la más económica.
La empresa señaló que esto constituyó una "expropiación indirecta" y un trato arbitrario por parte del Estado mexicano al exigir una indemnización “extraordinaria, injusta y sin causa”.
La empresa estadounidense reclama una compensación por la clausura y ocupación de la mina Sac-Tun (antes Calica) y del muelle de Punta Venado en Playa del Carmen desde mayo de 2022.
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