En los últimos años viene produciéndose un importante cambio en la actividad de las organizaciones públicas a nivel global. En una primera etapa, hacia mediados del siglo XX, las Administraciones asumieron la responsabilidad de la prestación directa de muchos servicios considerados como públicos, mientras que, a partir de los años noventa muchos de estos servicios se privatizaron o pasaron a ser prestados en régimen de gestión indirecta con la colaboración del sector privado, mediante fórmulas contractuales y no contractuales que han terminado por denominarse “Asociación Público Privada”, Public Private Partnership (PPP).
Tras abandonar una dura crisis económica, el futuro de las infraestructuras resulta una pieza clave para mejorar la productividad e impulsar, de manera sostenible, los motores de crecimiento de un país.
En lo que a América Latina respecta, el Banco Mundial ha instado a los gobiernos, recientemente, a aprovechar el creciente potencial del sector privado en la reducción del déficit de infraestructuras que presenta la región.
Para ello, en la próxima década deben mejorar la eficiencia y transparencia de la financiación, aumentar encarecidamente el número de licitaciones en asociación público-privada e incrementar las inversiones en infraestructuras, que actualmente se encuentran en un 2,8 % del PIB anual en la región de Latinoamérica y el Caribe, lejos del 7,7 % asiático.
Ante esta recomendación de impulsar la inversión en infraestructuras, la asociación pública privada es una solución que permitirá alcanzar ese incremento respecto al porcentaje del PIB con la colaboración del sector privado, dada la dificultad de administraciones latinoamericanas para hacer frente a tales inversiones.
Según el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo y The Economist Intelligence Unit, en el que se evalúa el entorno para las asociaciones público-privadas en la región, Chile y Colombia aparecen como líderes del ránking gracias a una sólida legislación desarrollada durante más de 25 años.
Precisamente esa, la legislación, es la clave del éxito de las colaboraciones con el sector privado. Destacan también, en este sentido, Argentina, Costa Rica y Nicaragua, que durante el último curso han desarrollado un nuevo marco legal que les proporcionará, sin duda, un aumento del número de proyectos para los próximos años.
Si atendemos a las inversiones más recientes, destacan los 345 proyectos eléctricos en asociación APP de Brasil, que superan los US$123 millones en los últimos diez años, lo que demuestra su apuesta por este régimen de financiación.
Próximos proyectos destacados
Y es que Brasil es, con diferencia, el país que más ha invertido en sus infraestructuras bajo esta modalidad: 255,72 billones de dólares desde el año 2002. Así, por ejemplo, una de los últimos proyectos será la construcción del tren ligero en Salvador de Bahía por más de US$470 millones.
Por su parte, Colombia sacará a licitación la construcción del nuevo aeropuerto de Bogotá por más de 1.000 millones de dólares y la ampliación del aeropuerto de Cartagena, que estará lista para el año 2020.
Cabe destacar, también, el plan de infraestructuras de Paraguay, que proyecta la construcción de múltiples carreteras, entre la que destaca la autovía entre Asunción y Ciudad del Este por 520 millones de dólares, así como las obras de saneamiento que se llevarán a cabo en la región del Alto Paraná que alcanzarán, en conjunto, más de US$1.000 millones.
De manera conjunta, se estima que, para superar la brecha de infraestructura, deben invertirse más de US$180.000 millones anuales en toda la región, por lo que la solución de las tres P (Public Private Partnership) se antoja una necesidad financiera para los próximos diez años.
