El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha que nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la lucha por lograr una mayor igualdad de género. Las raíces de este evento anual se remontan a más de un siglo, pero la especial atención que presta al respeto y las oportunidades para las mujeres sigue siendo sorprendentemente pertinente hoy: desde el acoso sexual y la violencia hasta las leyes desiguales y la injusticia en el lugar de trabajo, ámbito en el cual las mujeres con demasiada frecuencia están subempleadas, mal remuneradas e insuficientemente promovidas.

El trato desigual o discriminatorio puede marginar a las mujeres y obstaculizar su participación como personas productivas que contribuyen a la sociedad y a la economía de una manera inestimable. Aun así, cuando considero el rico entramado de organismos y personas que pueden marcar una diferencia a la hora de garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres, también veo que las autoridades económicas desempeñan un papel crucial. Desde sus cargos pueden diseñar políticas que ayuden a las mujeres y a las niñas a tener acceso a lo que necesitan para llevar una vida satisfactoria: educación, servicios de salud, transporte seguro, protección legal contra el acoso, servicios financieros y modalidades de trabajo flexibles.

El FMI recomienda este tipo de medidas a los países miembros, y trabaja con muchos gobiernos para examinar la forma en que las políticas afectan a las mujeres. En los últimos años, nos hemos centrado más en el empoderamiento de la mujer precisamente porque, más allá de las importantes consideraciones éticas, también representa una oportunidad perdida en la búsqueda de la estabilidad macroeconómica y el crecimiento inclusivo, ámbitos centrales de especialización del FMI.

Según nuestros estudios, si el empleo de las mujeres se equiparara al de los hombres, las economías serían más resilientes y el crecimiento económico sería mayor. Nuestras nuevas estimaciones confirman que, para los países en la mitad inferior de nuestra muestra en términos de desigualdad de género, cerrar la brecha de género en el empleo podría incrementar el PIB un 35% en promedio, del cual entre 7 y 8 puntos porcentuales corresponden a aumentos de productividad gracias a la diversidad de género. Tener una mujer más en la alta gerencia o en el consejo directivo de una empresa —sin cambiar el tamaño de dicho órgano— eleva entre 8 y 13 puntos básicos el rendimiento de los activos. Si los bancos y supervisores financieros aumentaran la proporción de mujeres en altos cargos, el sector bancario también sería más estable.

Los 189 países miembros del FMI se enfrentan a muchos desafíos diferentes, pero empoderar a las mujeres sigue siendo un denominador común y un imperativo mundial para todos aquellos que se preocupan por la equidad y la diversidad, pero también por la productividad y el crecimiento de sociedades y economías que sean más inclusivas. Si podemos lograrlo, todos ganamos.