A nivel global, la lucha contra la corrupción se está estancando. Así lo muestra el último Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparencia International, que también advierte que esta problemática está alimentando la crisis de confianza en las instituciones y en la democracia.

En este contexto, las nuevas tecnologías y los datos abiertos pueden contribuir significativamente en la lucha contra la corrupción y en la promoción de gestiones públicas transparentes. A nivel práctico, una parte importante de la agenda de transformación digital que impulsan muchos gobiernos reformadores se centra en la digitalización de los procesos administrativos, para poner fin a lo que Franz Kafka denominaba la "tiranía del papel" en las burocracias.

Para la burocracia, el papel es poder. En un mundo analógico, controlar el papel significa controlar los datos de los registros administrativos de los gobiernos, muchas veces herméticos a la luz del día. Con la digitalización de los Estados se espera que los servicios públicos sean abiertos, simples y orientados hacia ciudadano.

En América Latina, tenemos algunos avances en este terreno. Argentina, por ejemplo, se convirtió a principios de 2019 en un gobierno libre de papel. Teniendo en cuenta la profundamente arraigada cultura del papel en la burocracia argentina, este logro no debe ser subestimado. En Chile, el presidente Sebastián Piñera se comprometió a despapelear la burocracia chilena antes de fines de año, a través de la iniciativa "cero papel".

La digitalización de los datos gubernamentales, registros y expedientes administrativos, es el primer paso para poder acceder y usar las minas de datos que los Estados tienen almacenados. El open data  y el big data permiten detectar, revelar, prevenir y hasta predecir prácticas corruptas que en el pasado habrían permanecido ocultas tras la sombra del papeleo.

Por todo esto, la revolución digital está alterando las "reglas de juego" de la corrupción de tres maneras fundamentales: favoreciendo la rendición de cuentas, reduciendo la discrecionalidad y promoviendo la innovación pública.

Rendición de cuentas

Los gobiernos están abriendo cada vez más sus datos, y tanto activistas cívicos como instituciones los están usándolos para obligar a la administración a rendir cuentas. No solo se trata de acceder a la información, sino de abrir los datos públicos por defecto. De todas formas, siguen habiendo muchos desafíos para abrir bases de datos críticas para frenar la corrupción, como son los registros de propiedad, los datos de contratación pública o los registros de beneficiarios reales de las empresas.

Un caso de éxito en este sentido es el de México, que ha expandido el alcance y la profundidad de los datos abiertos relativos a la gestión de los recursos públicos, a través del portal de transparencia fiscal, que incluye información sobre contratos públicos, inversión en infraestructura y transferencias a los gobiernos subnacionales. Hábiles civic-techs usan cada vez más y mejor esta información para destapar irregularidades y crear alertas para revelar patrones y prácticas que antes habrían permanecido ocultas.

Reducción de la discrecionalidad

La automatización de los procesos burocráticos reduce las vulnerabilidades ocasionadas por la manipulación humana. México, Perú, Brasil y Argentina lo han entendido y están expandiendo su gama de servicios digitales mediante la integración de todos los portales gubernamentales en un portal único del gobierno. Ahora bien, digitalizar los procesos burocráticos no basta; es necesario simplificarlos e incluso replantearlos.

No es de sorprender, por lo tanto, que las reformas regulatorias y la simplificación administrativa hayan vuelto a la agenda política de muchos gobiernos de la región que buscan reducir la carga regulatoria y mejorar la competitividad económica. Entre estos esfuerzos destacan las iniciativas "¡Simplifique!", de Brasil; "Estado Simple", de Colombia; y "Simplificación Productiva", de Argentina, todas lanzadas en 2018.

Por otro lado, la tecnología blockchain ha generado mucha expectativa y esperanza como antídoto contra la corrupción. Esta herramienta posee características que pueden ayudar a garantizar la integridad de las burocracias, así como asegurar la identidad, rastrear el flujo de fondos, registrar activos y adjudicar contratos.

Incubación de la innovación pública

Las nuevas tecnologías también están facilitando la innovación en el sector público y en la prestación de servicios públicos. La aparición de startups Govtech ha permitido nuevas formas de co creación de los servicios públicos, especialmente en las ciudades. Estas pequeñas empresas tecnológicas están empezando a lograr un impacto, creando nuevas soluciones para viejos problemas.

El noviembre pasado, París fue anfitrión de la primera cumbre global de Govtech, que reflejó el dinamismo de los emprendedores públicos y las startups con vocación publica en países tecnológicamente más avanzados como Gran Bretaña, Canadá, Francia e Israel. Estas startups no son sólo una nueva forma de proveer servicios de alta tecnología a los gobiernos, sino que están cambiando el paradigma de implementación de políticas y prestación de servicios públicos.

Con la intención de ahondar en este debate e impulsar la transformación digital de los Estados latinoamericanos, expertos regionales y globales se reunirán en México DF, el próximo 11 de marzo, en un evento organizado por CAF -banco de desarrollo de América Latina-, que abordará, entre otros temas, el establecimiento de agendas digitales en los países de la región.

Sí, la tecnología se ha vuelto el mejor aliado de la transparencia. Estamos iniciando una nueva etapa en la revolución digital y del gobierno electrónico basada en tecnología inteligente de datos. Acompañada de voluntad política, esta revolución digital puede combatir la corrupción en formas que nunca antes podríamos haber imaginado.