Actualmente, más de 24 millones de latinoamericanos no cuentan con acceso adecuado a servicios de agua potable, y en el caso del saneamiento el número asciende a 90 millones. Estas cifras son especialmente preocupantes desde la perspectiva humana y de desarrollo, pero a su vez son el reflejo de un problema más profundo que afecta a industrias y sectores productivos, y que limita el crecimiento económico de los países: la mala gestión de los recursos hídricos.
De hecho, se calcula que la mala gestión de los servicios de agua y saneamiento puede causar pérdidas de hasta un 1% del PIB en algunos países de la región, o que los países pobres que tienen mejor acceso a servicios de agua y saneamiento registran tasas de crecimiento mucho mayores que aquellos con peores servicios, según la OMS.
Pero gestionar eficientemente los recursos hídricos no es una tarea sencilla, especialmente por dos razones. En primer lugar, porque el agua no está distribuida equitativamente, y tenemos zonas extremadamente ricas y otras enormemente áridas, situación que obliga a invertir en infraestructuras para distribuir el recurso. En segundo lugar, porque a día de hoy no se están realizando las inversiones necesarias, ni en infraestructuras ni en fortalecimiento empresarial, y tampoco se están aplicando las políticas públicas adecuadas para garantizar lo que los expertos llaman seguridad hídrica. Según cálculos de CAF –banco de desarrollo de América Latina, la región necesita inversiones del 0,3% del PIB anual, hasta el 2030, para mejorar los servicios de agua y saneamiento.
Esta situación sucede al tiempo que el mundo sigue registrando avances técnicos en todos los sectores con una velocidad de vértigo. Esto supone una gran oportunidad para aquellos que los encabezan, pero también representa un serio riesgo para aquellos que pueden quedarse rezagados, especialmente las regiones en desarrollo.
En el caso de América Latina, es urgente que se adopten rápidamente las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura, por ejemplo, ya que con ellas podremos producir más eficientemente y aprovechar mejor los recursos disponibles. Los pronósticos indican que el agua destinada a la agricultura aumentará en los próximos años debido al gran potencial de México, Brasil, Argentina y Perú, países donde la agricultura bajo riego es un componente importante de la producción agrícola y de biocombustibles.
Son muchos los sectores económicos que se beneficiarían de una gestión del agua más eficiente. El de la hidroenergía, por ejemplo, que contribuye al 65% del total de electricidad generada en la región (en contraste con el promedio mundial que es de apenas el 16%), sería uno de los más destacados.
Otros sectores como el turismo dependen en gran medida de servicios de agua y saneamiento de calidad. Considerando que este sector representa más del 30% del PIB de algunos países latinoamericanos, los beneficios también parecen evidentes. También es el caso de la industria del agua embotellada, que resulta clave en países donde la calidad del agua proporcionada mediante la red de distribución no es confiable.
Para que los esfuerzos destinados a mejorar la seguridad hídrica tengan el éxito esperado, es imprescindible contar con políticas públicas eficientes y con funcionarios bien capacitados para implementarlas. Una de las iniciativas más prácticas en este sentido son los cursos a funcionarios públicos, como el que desarrollaremos en CAF sobre la eficiencia de los proyectos de agua y saneamiento en Latinoamérica, que pretende mejorar la ejecución, el análisis y la evaluación de las iniciativas públicas en el sector.
Lograr que el agua se sitúe en el centro de la agenda de América Latina también requiere de grandes acuerdos que concentren a los decisores de políticas públicas y que acuerden la hoja de ruta más adecuada. Esto es lo que estamos haciendo en la 8ª edición del Foro Mundial del Agua, en Brasilia, del 18 al 26 de marzo, para tomar mejores decisiones sobre el agua a nivel mundial, buscando coordinar esfuerzos para lograr el uso racional y sostenible de este recurso para una mayor productividad.
Es imprescindible que redoblemos los esfuerzos desde todos los ámbitos y sectores para desarrollar políticas públicas sólidas, articuladas y coherentes, así como acuerdos que protejan los intereses públicos y promuevan la eficiencia económica, para garantizar que ningún ciudadano se queda atrás y para dinamizar las economías nacionales y regionales.
