El pasado 2 de agosto se formalizó el retiro de los Estados Unidos del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF, por sus siglas en inglés), que suscribieran Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov en 1987. La razón que esgrimió fue que Rusia (heredera de los tratados suscritos por la Unión Soviética) habría violado sus términos al construir y someter a prueba misiles de crucero de un alcance proscrito. La acusación ya había sido formulada en 2014 por el gobierno de Obama y, aunque Rusia negó la imputación, los aliados de la OTAN respaldaron la posición estadounidense.
A diferencia de Trump, sin embargo, Obama no se retiró del tratado, accediendo a la solicitud de sus aliados europeos. La razón de esa solicitud era que los misiles de corto y mediano alcance capaces de portar ojivas nucleares estaban diseñados para una eventual confrontación entre soviéticos y estadounidenses en territorio europeo (para atacarse el uno al otro habrían apelado a misiles intercontinentales). Es decir, los dos gobiernos recurrieron a medios distintos para enfrentar el mismo problema.
Cuando se argumenta que era preferible continuar las negociaciones con Rusia para prevenir el riesgo de una nueva carrera armamentista, la Administración Trump responde que el INF tenía, de cualquier modo, un problema sustantivo: no incluía a China, país que, desde la suscripción de tratado, se ha convertido en una potencia militar de primer orden. La respuesta obvia era que, en ese caso, hubiera sido preferible mantener vigente el INF y suscribir un tratado similar con China. Que, por cierto, es la misma crítica que cabría formular al argumento en favor de abandonar el acuerdo nuclear con Irán (conocido como JCPOA, por sus siglas en inglés). Las razones que esgrimió la Administración Trump para abandonar ese acuerdo fueron que aquel no tenía el alcance deseable en materia nuclear y, además, no cubría otros temas relevantes de la agenda política regional (como el respaldo de Irán a grupos irregulares armados). Pero entonces, ¿por qué no preservar los avances alcanzados con el acuerdo inicial complementándolo con un nuevo acuerdo que cubra los temas planteados? Es decir, si, en los dos casos mencionados, lo que se buscaba era subsanar las limitaciones de los acuerdos existentes, habría sido preferible suscribir acuerdos complementarios antes que regresar todo a fojas cero y comenzar una nueva negociación sobre los escombros de los viejos acuerdos.
La conducta de los Estados Unidos frente al JCPOA crea además un problema de credibilidad: de suscribirse un nuevo acuerdo, ¿por qué suponer que la Administración Trump habría de cumplirlo, cuando no solo abandonó el acuerdo anterior sino que incluso aplicó sanciones contra sus propios aliados europeos por cumplir con sus términos? De hecho, esa pregunta no plantea un escenario meramente hipotético: cuando el gobierno mexicano cantaba victoria tras alcanzar un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Administración Trump volvió a amenazarlo con sanciones comerciales (esta vez por temas migratorios, es decir, un asunto completamente ajeno a las negociaciones comerciales).
El punto es que, incluso cuando la Administración Trump tiene preocupaciones legítimas, no busca resolverlas mediante foros regionales o multilaterales, sino que prefiere hacerlo a través de acciones punitivas unilaterales –como sanciones económicas y amenazas militares- en una proporción sin precedentes (sobre todo entre quienes creían ser sus aliados).
